martes, 2 de febrero de 2016

Biografía de "Shirin Ebadi"

Formación y acceso a la Judicatura: Su padre Mohammad Alí
Ebadí, uno de los primeros catedráticos de Derecho 
Comercial de Irán, era notario público primero de la ciudad y autor de varios libros. Su madre se consagró a la educación de sus tres hijas y su hijo, a la postre universitarios todos ellos. Al año de nacer Shirin, la familia se mudó a Teherán. Ebadí se graduó como abogada en la Universidad de Teherán en 1968 y en 1969 se convirtió en una de las primeras juezas mujer de su país. Al mismo tiempo continuó estudiando y en 1971 obtuvo con honores la maestría en Derecho Privado. En 1975 fue la primera mujer iraní en acceder a la presidencia de un tribunal. Abogacía tras la revolución[editar] Después de la revolución islámica de 1979, se prohibió el ejercicio de la función de juez a las mujeres, por lo que todas las juezas iraníes fueron apartadas del cargo y destinadas a trabajos administrativos. Ebadí fue designada como secretaria del mismo tribunal que anteriormente presidía. Protestó por ello y obtuvo una promoción como consejera en el ministerio de Justicia. Insatisfecha, solicitó permiso para una jubilación anticipada que le fue concedida. Debido al cierre durante años del Colegio de Abogados de Irán por las autoridades revolucionarias, Ebadí tampoco pudo obtener una licencia para dedicarse a la abogacía hasta el año 1992, año en que pudo abrir un despacho propio, y mientras tanto escribió varios libros y publicó numerosos artículos en diversas publicaciones iraníes. Implicación en política[editar] Tras varios años ejerciendo como abogada en juicios por asesinato y divorcio, comenzó a asumir también la defensa en casos con implicaciones políticas a escala nacional, ejerciendo como abogada en el asesinato del matrimonio Foruhar, o del estudiante Ezzatollah Ebrahimneyad, asesinado en el asalto de las milicias basiyíes a la residencia de estudiantes de la Universidad de Teherán en 1999. En el transcurso de este último expediente, Ebadí fue acusada de hacer llegar al presidente Jatamí indicios de la responsabilidad de agentes gubernamentales en el asesinato de estudiantes, por lo que fue detenida y pasó tres semanas en la cárcel en 2000, aunque su condena a cinco años de cárcel y la retirada de su licencia fueron revocadas.

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